Más De 12.000 Desaparecid@s En Euskal Herria En Los últimos 75 Años

Desde los más de 8.700 desaparecidos en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tras el golpe de Estado fascista de 1936 hasta casos más recientes, como el de Jon Anza.

Representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias recabaron ayer de primera mano los testimonios de víctimas de estos crímenes ocurridos en Euskal Herria. Los encuentros se enmarcan dentro de una visita iniciada el lunes, que les ha llevado a recorrer diversos puntos del Estado español como Madrid, Catalunya o Andalucía, donde han recibido información de instituciones como el Gobierno español, aso- ciaciones de Derechos Humanos o víctimas. Todos los casos, según fuentes conocedoras, han mantenido un común denominador: la ausencia de investigación y la impunidad de los responsables del franquismo. Un fenómeno que, en Euskal Herria, se extiende hasta la actualidad, tal y como quedó patente en la reunión mantenida con 40 representantes de asociaciones. Está previsto que los miembros del grupo de trabajo presenten sus primeras conclusiones en una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid el lunes. A partir de ahí, el grupo podría realizar recomendaciones sobre casos concretos o situaciones generales, ante el Estado y la ONU.

La obstrucción del Gobierno español ha sido una de las constantes durante todo el viaje. Según pudo saber GARA de fuentes conocedoras de los encuen- tros, representantes del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy llegaron a justificar el freno impuesto a las investigaciones desde la llegada al poder del PP ante la «falta de demanda». Es decir, que Moncloa argumentaba que no se abrían más fosas de desaparecidos y que se habían suprimido las ayudas (ni en 2012 ni en 2013 se ha dotado una sola partida) porque no había familias que lo solicitasen. Un argumento que choca directamente con los testimonios de la sociedad civil y las víctimas que el grupo ha podido recabar.

Esta falta de voluntad de Madrid fue abordada también en los encuentros de ayer en Gasteiz, en las que participó Ariel Dulitzky, miembro del grupo de la ONU. Tiene gran importancia, ya que en noviembre está prevista una reunión en la institución internacional que trate específicamente sobre los casos de desapariciones forzosas. Y parece claro que el Gobierno español no está dispuesto a realizar una revisión sobre su historia. El primero de los argumen- tos que utiliza es el de las fechas. Según su versión, la ONU no fue fundada hasta el 24 de octubre de 1945, por lo que no tendría sentido que investigase casos anteriores a su existencia. Un planteamiento que, hasta el momento, los miembros del grupo han aceptado pero que, según han trasladado durante toda la semana a varios de sus interlocutores, podrían replantearse. Como segundo refugio, Madrid esgrime la Ley de Amnistía de 1977. Una norma que le sirve para evitar buscar los cuerpos, determinar qué ocurrió o juzgar a los culpables. Tampoco se puede olvidar que no fue hasta 2010 cuando el Ejecutivo español hizo suya la convención internacional.

Instituciones y víctimas

Quizás el hecho que más ha diferenciado las sesiones vascas de las desarrolladas en otros puntos del Estado es la persistencia de casos que llegan hasta la actualidad. Por la mañana, Julen Arzuaga, diputado de EH Bildu, abogó por una interpretación «extensiva» del concepto de desaparecido que abarque también los miles de casos de detención incomunicada. Como ejemplo citó el caso de Gurutze Iantzi, de cuya muerte en la comisaría de Tres Cantos, en Madrid, cuando se encontraba arrestada, se han cumplido 20 años. «Hasta el momento de su fallecimiento ni familia ni abogados sabían dónde se encontraba», recordó. Previamente, el experto de la ONU se había encontrado con representantes del Gobierno de Lakua, que hicieron hincapié en las políticas de memoria histórica, así como con otras instituciones como el el presidente del TSJPV, el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco y el Ararteko.

Por la tarde, Dulitzky se reunió con representantes de diversas asociaciones como Goldatu, Intxorta 1937, Lau Haizetara, SOS Niños Robados, Euskal Memoria, Egiari Zor y Giza Eskubideen Behatokia. Entre los 40 participantes, más de la mitad eran familiares de desaparecidos, tanto durante el golpe fascista como en la guerra que provocó, posterior represión y hasta la etapa actual. Según relataron participantes en el encuentro, la impunidad volvió a ser uno de los temas abordados. Hasta el momento, no se ha abierto ni una causa judicial por desapariciones ocurridas durante la dictadura. Ya en la época contemporánea, el único procedimiento abierto fue por el secuestro y muerte de Lasa y Zabala, en el que culpables como el coronel Enrique Rodríguez Galindo no llegaron a cumplir ni cinco años de una condena de más de 80.

Ahora, después de recabar los testimonios, el grupo elaborará un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A. Pradilla

Foto: La ONU recaba testimonios sobre vascos desaparecidos desde 1936 http://sareantifaxista.blogspot.com/2013/09/la-onu-recaba-testimonios-sobre-vascos.html Desde los más de 8.700 desaparecidos en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba hasta casos recientes como el de Jon Anza, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas recabó ayer los testimonios de víctimas de estos crímenes. Tras una semana de visita en el Estado español, los expertos realizarán un informe para la comisión de DDHH…

Desapariciones forzosas en Euskal Herria

Iñaki Egaña Historiador

Más de 12.000 desaparecidos en Euskal Herria en los últimos 75 años, tanto a un lado como al otro de la muga. La extrapolación a las poblaciones actuales de naciones con desapariciones forzosas, intención no demasiado exacta por el hecho de las fluctuaciones del censo, nos permitirían una aproximación a la dimensión de la tragedia. En Euskal Herria desapareció uno de cada 250 habitantes, en Chile uno de cada 580 y en Argentina 1 de cada 1.500.?

Lejos de los datos de Camboya donde desapareció, según fuentes, entre el 15 y el 30% de la población. En esa lista, España (incluida Cataluña y excluida Euskal Herria), las desapariciones alcanzarían a uno de cada 300 habitantes. Por tanto, podemos aventurar que Euskal Herria es, por detrás de Camboya, el segundo país del mundo en desapariciones forzosas.

Periodo guerra civil. Frente y retaguardia. La Sociedad de Ciencias Aranzadi entregó al Gobierno Vasco en septiembre de 2008 un informe detallado sobre desapariciones forzosas entre 1936 y 1942 correspondientes a la Comunidad Autónoma Vasca. Este informe fue validado por el Ejecutivo de Lakua y remitido con posterioridad desde Gasteiz al magistrado Baltasar Garzón que lo aportó a las diligencias previas abiertas sobre la causa al franquismo (339/2006E).

En este trabajo se detallaban la condición, origen, nombre, apellidos, fecha y lugar en el que se produjo la desaparición forzosa de 8.666 hombres y mujeres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En Navarra, las entidades memorialistas aportaron al juez diversas listas con 8.500 nombres, muchos de ellos repetidos, por la pluralidad de fuentes. Como fuera que finalmente la causa contra el franquismo no prosperó, la investigación quedó a medias.

Es hecho constatado que 3.100 navarros fueron fusilados en retaguardia (cerca del 1% de su población de entonces). En la actualidad, un equipo de la UPNA dirigido por Emilio Majuelo, con aportación institucional, investiga las fosas en Navarra, así como las desapariciones forzosas. A pesar de que desde 1978 se han hecho numerosas exhumaciones, incluso las familias navarras recuperaron los restos de sus allegados desde el Valle de los Caídos (Madrid), las identificaciones han sido escasas.

Período franquismo y ocupación nazi. En 1956 desapareció Jesús Galíndez Suárez, delegado del Gobierno Vasco en el exilio en Nueva York, que años antes había presentado ante Naciones Unidas un informe sobre la naturaleza del franquismo, parte de otro colectivo sobre el rechazo de NU a la entrada de España en la misma. Sus restos descansaron, según el juez dominicano Raúl Fontana Olivier, que abrió diligencias, en un barranco conocido como Arroyo Limón, en San José de Ocoa (República Dominicana).

La destrucción de archivos y el negacionismo franquista provocó que la investigación contemporánea a los hechos estuviera imposibilitada. El Gobierno Vasco en el exilio, ubicado en París desde 1945, centralizó la búsquedas. A modo de ejemplo, Martín San Vicente, residente en Toulouse, que además había sido representante del Gobierno vasco para la organización de los exiliados, ponía en noviembre de 1961 un anuncio en la prensa por el que se interesaba por su esposa, Hermenegilda Giménez, y sus tres hijas Aurora, Ángeles y Carmen, desaparecidas en Francia en junio de 1940, al comienzo de la invasión nazi.

Un total de 125 judíos vascos desaparecieron en campos de exterminio nazis. El primero fue Joseph Mizhari, natural de Biarritz, de 21 años de edad, que fue conducido a Auschwitz tras ser detenido en junio de 1942.

El mayor número de desapariciones se produjo en 1944. En junio de ese año, 20 vecinos de la costa de Lapurdi fueron enviados a campos de exterminio entre ellos Joseph Abeberry, alcalde de Ziburu, y Léon Lannepouquet, alcalde de Hendaia. Los detenidos fueron dados por desaparecidos entre ellos Abeberry en Mathausen y Lannepouquet en Dachau. En agosto, 23 vecinos de Sohüta, entre ellos su alcalde Bernard Casenave.

Al menos un centenar de vascos de los territorios de Gipuzkoa, Araba, Navarra y Bizkaia desaparecieron en los campos de exterminio de Dachau, Gusen, Mathausen, Melk y Steyr.

Según el historiador Jean Cruzet, natural de Biarritz, y presidente de la Unión de Evadidos de Francia, 4.000 evadidos de la ocupación nazi de Francia por el Pirineo vasco fueron detenidos e inmediatamente, deportados a campos de exterminio. Procedían de Europa. La mayoría fueron considerados desaparecidos forzosos.

Período Transición y posterior. En total, cuatro desapariciones de ciudadanos vascos: Eduardo Moreno, Popo Larre, José Miguel Etxeberria y Tomás Hernández. En el caso del primero, las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional (120/2008), señalan que su cadáver fue enterrado en una finca cercana a Barcelona llamada La Granja, según declaraciones del neofascista italiano Angelo Izzo.

Popo Larre, miembro de Iparretarrak, desapareció en agosto de 1983. IK mantiene que su cuerpo probablemente descanse en el nicho de Pascal Dumont, cuyo cadáver apreció 5 días después cercano al de la desaparición de Larre. De hecho, la familia Dumont mantiene una placa que reza: «Aquí descansa un desconocido que nos fue impuesto por la Gendarmería, la Policía, la Justicia y los cuerpos médicos».

José Miguel Etxeberria Álvarez, desapareció en junio de 1980. Al parecer fue secuestrado por el mercenario Chérid (OAS, BVE y GAL) con la ayuda de Mikel Cabezas, ambos muertos con posterioridad (explosión de un coche que manipulaba para atentar contra refugiados vascos y efectos de la heroína). Estaría enterrado en algún punto de Bajanavarra.

Tomás Hernández desapareció en mayo de 1979. Según recogieron El País y el semanario Enbata, Hernández fue testigo de la muerte del refugiado Peru Larrañaga muerto a tiros por un ex policía. Natural de Zaragoza, estaba refugiado desde el fin de la guerra civil. Vivía en Hendaia.

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